El podio de las preocupaciones argentinas

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Treinta y ocho a treinta y seis. No son números elegidos al azar, sino los votos que hasta el momento cosecharían en el Senado el apoyo al acuerdo con los “holdouts” y el rechazo al proyecto oficial. La correlación de fuerzas en la Cámara alta se encuentra mucho más ajustada que lo que se verificó en Diputados. No es un panorama que lleve tranquilidad al gobierno.

Para la Casa Rosada el inconveniente no estaría dado, sin embargo, por una eventual derrota en el Senado, sino por la posibilidad de que la iniciativa sea aprobada en general y modificada en el articulado en particular. Así, especulan, la Cámara alta no podría ser tachada de obstruccionista, pero marcaría el territorio político para que vuelvan a trabajar los diputados.

Los referentes legislativos de la alianza Cambiemos están al tanto de esta situación y buscan evitar cualquier modificación al proyecto. Es que los plazos fijados por el juez Thomas Griesa ordenan que el 14 de abril tendrá que hacerse el pago a los “fondos buitre” en efectivo, para lo cual el gobierno deberá previamente colocar bonos por unos 12.000 millones de dólares.

Si la sesión del Senado está prevista para el 30 de marzo y ese día se aprueba el proyecto con modificaciones, la Cámara de Diputados tardaría al menos una semana más para darle sanción definitiva, lo que acotaría al extremo el margen de acción del gobierno. Por eso, algunas objeciones que hizo el senador Adolfo Rodríguez Saá encendieron las alarmas oficiales.

Por cierto que el peso específico del puntano no es determinante en la cámara, pero hay quienes sospechan que el fugaz ex presidente está “tirando paredes” –como se dice en la jerga futbolera- con Miguel Pichetto, el jefe del mayoritario bloque del FpV. Esto es, que dice lo que el rionegrino no puede decir, porque su papel es más sensible en términos institucionales.

Pichetto está al mando de un bloque de 42 senadores sobre 72 que tiene la cámara en total. Sólo con esos votos, el FpV podría rechazar el acuerdo con los “holdouts”. Pero el peronismo está saliendo –muy rápidamente- de su fase de conducción kirchnerista y se encamina a una transición que proyecta horizontalidad entre gobernadores y los legisladores más influyentes.

De ahí que no pasó inadvertida la presencia de una delegación de San Luis en el último congreso del PJ, en el que Pichetto se plantó frente al kirchnerismo que le exigía no dar quórum en el Senado –como hizo el FpV en Diputados- para hacer naufragar el proyecto oficial. Poniendo huevos en distintas canastas, Rodríguez Saá suele jugar su propio partido.

Hace rato el puntano fogonea la candidatura de su comprovinciana Negre de Alonso para la Corte Suprema. Y el gobierno no parece refractario a la idea de que tras la aprobación de los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz, el máximo tribunal pase en una segunda etapa de reformas de cinco a siete miembros. El massismo también quiere meter la cuchara en ese plato.

EMPRESARIOS EN LA MIRA

Pero al gobierno no le preocupan tanto ahora la relación de fuerzas en el Congreso ni las negociaciones que está obligado a entablar, como el avance de la inflación que mal predispone a los argentinos. Según algunas encuestas, el presidente Mauricio Macri estaba perdiendo unos puntos en la ponderación positiva de su gestión.

La oposición insiste en la idea de que el gobierno cede ante los empresarios. Y aunque en el plano dogmático el macrismo sostiene que “el responsable primario de la inflación es el Estado”, como afirmó Marcos Peña, por lo bajo no oculta su bronca con los hombres de negocios, que a su criterio no estarían colaborando para frenar la escalada de precios.

Así se lo hizo saber pocos días atrás Francisco “Pancho” Cabrera, uno de los funcionarios menos conocidos pero más influyentes del gobierno de Macri, a una delegación de empresarios que lo visitó en su despacho del Ministerio de Desarrollo Productivo. No es para menos: los precios de la canasta básica aumentaron un 38% entre noviembre y febrero.

La estadística fue elaborada por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, que también detectó una consecuente caída del consumo popular. Ante este cuadro, la Casa Rosada no apelará a la dialéctica de sus aliados radicales –“a algunos empresarios les vendría bien un Moreno”, dijo Ernesto Sanz- pero instrumentaría medidas consideradas intervencionistas.

Por caso, haría uso de las acciones de compañías que están en poder de ANSES para nombrar representantes del Estado en los directorios, como hizo el kirchnerismo. Así, en la emblemática Techint desembarcaría Miguel Angel Toma, un peronista que fue jefe de la SIDE con Duhalde. Eso reflejaría el malestar oficial con la multinacional de Paolo Roca y también con Arcor.

No se trata de un dato menor, puesto que esas compañías son actualmente el corazón de la Unión Industrial Argentina. En otros casos, el gobierno sería más comprensivo: la automotriz Volkswagen suspenderá desde mañana a unos 170 operarios de sus plantas en Córdoba –que fabrican cajas de velocidades- debido a la crisis que atraviesa Brasil, su principal comprador.

Esa crisis, que es económica y política, llevó a la presidenta Dilma Rousseff a colocar a Lula casi como un primer ministro de su golpeado gobierno, es costosa para la Argentina por el desplome del intercambio, pero a la vez ubica al país como un foco de atención en Sudamérica tanto a nivel estatal como de inversiones de capitales privados.

Sin ir más lejos, la visita que el martes iniciará el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, será una señal concreta de que Washington cuenta con Buenos Aires como un aliado principal en la región. Los norteamericanos ponen ahora sus fichas en Macri casi por contraste con Cristina Kirchner, a quien acusan de haber insuflado una retórica anti-estadounidense.

La ex presidenta sigue recluida en El Calafate, desde donde ordenó un rechazo total al acuerdo con los “fondos buitre”, pero comprueba día tras día que la lealtad del PJ que antes era incondicional, está siendo objeto de debate. Y entonces el rol protagónico que tuvo durante años se va borroneando. A la par, la Justicia avanza con investigaciones que estaban frenadas.

El juez federal Casanello debió citar a declaración indagatoria a Lázaro Báez tras la aparición de nuevas imágenes de la actividad de La Rosadita, la financiera que fue propiedad de Federico Elaskar, quien actúa como un arrepentido y asegura que varios funcionarios kirchneristas pasaron por allí para sacar sus dólares del país, como lo hizo el “empresario” de la construcción.

También puso en la lupa a otro empresario, Cristóbal López, quien cimentó su emporio por medio de la “industria” del juego y el no pago a la Afip de un dinero retenido a los consumidores de nafta. Se trata de dos actividades, la construcción y los casinos, que son las que más sospechas de corrupción despertaron en la década kirchnerista. Y que tienen su proyección con otros actores no menos relevantes.

El gobierno no sólo pedirá ser querellante en la causa Hotesur, sino que no descarta ofrecer protección al financista Elaskar. Mientras eso sucede, el Senado tendrá diez días de arduas negociaciones para aprobar el acuerdo con los “holdouts”. Son dos de los principales problemas que dejó al país la gestión kirchnerista.

El otro es la inflación, que ocupa el primer lugar en el podio de las preocupaciones argentinas. El país deberá lidiar con este combo potencialmente explosivo durante los próximos meses.